... Se añadirá que la democracia, bien entendida, no guarda una relación inteligible con las expectativas vitales de millones de votantes. Cuando los problemas estallan, nos volvemos de madera. Estupenda manera de contener un incendio...

LOS grandes sucesos franceses, la manifestación gigante contra la LOE, las encuestas respondonas y las cuitas de Montilla han teñido de un sepia casi retro la sesión parlamentaria del 2 de noviembre. No conviene, sin embargo, perderla de vista, porque ella o sus efectos nos saldrán de nuevo al camino de aquí a pocos días. Intentaré, por tanto, un ejercicio de recordación... en clave poética. Entiendo por «poética» no la afición evidente a la lírica de que dieron muestra sus señorías, sino lo que el D.R.A.E. declara en la cuarta acepción que va adjunta al vocablo: «Conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un género literario, una escuela o un autor». Según pensamos, así hablamos. Y también al revés: de la elocución, de la retórica, del modo, en fin, en que se extravasa una persona por medio de palabras, cabe deducir qué piensa o siente. Pues bien, la mayor parte de los diputados me produjeron una impresión rara, terminal. Su estilo se ajustó a lo que los franceses, tomando prestada la expresión a los críticos del comunismo en su fase decadente, llaman langue de bois, «lengua de madera». El lenguaje adquiere consistencia de madera cuando deja de servir a su objetivo natural, y se convierte en una máquina de no decir nada, o de decir lo contrario de lo que parece que se está diciendo. Las ideas no encajan, y porque no encajan, no expresan un argumento sino un conflicto.

¿Qué conflicto ha devastado no sólo el discurso del miércoles 2, sino el dominante en España desde que se aprobó la Constitución? No es preciso partir los pelos por cuatro para atinar con la respuesta. Lo que nos tiene atenazados, turulatos, es el conflicto nacionalista. Bastó oír a Esquerra, a CiU, al PNV, a Eusko Alkartasuna, al PSC, para comprobar, con contundencia dramática, que se ha complicado una ecuación intratable. La ecuación se puede resumir en poco espacio. Punto número uno: los nacionalistas perciben la nación, o mejor dicho, su nación, como un fenómeno natural. En Cataluña, por ejemplo, existe un fenómeno natural, extrahistórico o suprahistórico, cuya manifestación canónica es la lengua catalana. No importa cuántos catalanes hablen catalán en casa y menos aún importa que la hegemonía del catalán pueda beneficiar o no a los ciudadanos catalanes a medio y largo plazo. El catalán es la lengua «propia» de Cataluña, del mismo modo que cierto tipo de flora o fauna es propio de tal o cual isla del Pacífico. Punto número dos: es misión insoslayable del nacionalismo asentar y acrecer este fenómeno natural dotándose de los instrumentos políticos oportunos. Tres: se remata la exposición con invocaciones a la democracia. Una mayoría parlamentaria nacionalista en una CA justifica y exige que se acelere el proceso de construcción nacional en esa CA.

Se mire como se mire, el desenlace de esta cadena silogística es grave. Es gravísimo desde consideraciones asépticamente constitucionales. Una mayoría parlamentaria en Barcelona o Vitoria no significa, obviamente, que los partidos mayoritarios en esas regiones estén habilitados para entender en cuestiones cuya resolución reserva la Carta Magna a mayorías mucho más capaces. No reconocerlo, o amenazar con calamidades sin cuento si no se acepta una implícita soberanía catalana o vasca, supone ya desbaratar de un manotazo las reglas de juego en que se basa el sistema. Pero el caso es más grave, si se me apura, cuando se adopta una perspectiva puramente moral. Puesto que no es cierto que el nacionalista se esté acogiendo a la democracia, incluso a la democracia de formato pequeño en la que se siente más fuerte. Su valor supremo, y también su invocación última, es la nación. La nación como un bien que ha de ser promovido por encima de las voluntades particulares. La nación como origen y como destino. La nación como algo que no se puede discutir racionalmente porque es odioso, intolerable, mezquino, entrometerse en la esfera de los sentimientos.

Lo último se apreció clarísimamente en la segunda intervención de Mas. Mas dijo que llevaba en el corazón -y señaló con la mano su costado izquierdo- una patria. Y admitió que otro podía llevar otra patria. Ello nos devuelve a los fenómenos naturales de hace un momento. El corazón de Mas es el relicario del fenómeno natural X. Y el corazón de, qué sé yo, Rajoy, el relicario del fenómeno natural Z. Y se acabó. Artur Mas afirmó que estos dos fenómenos naturales pueden coexistir, o arder, en dos o varios corazones sin que se venga el mundo abajo. Pero hay razones para temer que no es del todo sincero. ¿Por qué? Porque el patriotismo de Mas no es sólo una efusión sentimental: se traduce en proyectos -fiscales, judiciales, competenciales- que entran en conflicto frontal con el statu quo. A la postre, la resistencia de Mas a matizar sus emociones patrióticas implica también que se resiste a matizar las consecuencias políticas y materiales de dichas emociones. Implica, qué le vamos a hacer, un principio, o una insinuación, de violencia. No se trata de una conjetura, sino de un hecho. Cito al propio Mas, en el trance de interpelar a los populares: «Si no se vota «sí» a la toma en consideración del Estatuto, ¿cómo quieren que lo hagamos la próxima vez?». Trasladado a román paladino: la próxima vez no nos atendremos al procedimiento, al rito de los controles parlamentarios, a la aprobación por mayorías espurias. La próxima vez no les concederemos la oportunidad de hacer lo único que admitimos que hagan. Que es decir «sí».

Esto es lo que se ha oído. Y como lo que se ha oído es explosivo, la langue de bois se ha empleado con inusitada energía en embozar, confundir, ocultar la realidad. Se ha sostenido que poner en cuestión una dilatación del autogobierno catalán es de derechas -¿cuál es el nexo?, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad?-; se ha aseverado, igualmente, que se trataría de una actitud antidemocrática -¿con respecto a qué colectivo humano, esto es, a qué electorado? ¿Al de las cuatro provincias? ¿Al de siete, si añadimos Baleares y las tres valencianas? ¿Al de toda España?-; y el PSOE, ¡ay!, se ha deslizado por la pista trazando un vals aturdido, errático. Rubalcaba llegó a afirmar que era imposible, por definición, que un texto inconstitucional superase el filtro de la comisión parlamentaria. Ello plantea varias preguntas. Si la constitucionalidad final está garantizada, ¿por qué no se ha tomado en consideración el plan Ibarretxe? Aparte de esto, ¿piensa alguien, seriamente, que el TC estará en situación de derribar técnicamente un texto consagrado en el Congreso y votado en Cataluña? Y si lo que importa es sólo la implicación política del Congreso, ¿por qué no se va por lo derecho a una reforma constitucional, cuyas garantías democráticas -no digo jurídicas- son, a fortiori, mayores?

La langue de bois fulminará como sectarias, retrógradas, interesadas, todas las críticas que acierten a levantarse contra la desafortunada situación en que nos hemos puesto. Se asegurará que Cataluña seguirá siendo solidaria aunque sus aportaciones se dividan por la mitad o los inspectores de Hacienda sólo obedezcan a instancias regionales. Y se añadirá que la democracia, bien entendida, no guarda una relación inteligible con las expectativas vitales de millones de votantes. Cuando los problemas estallan, nos volvemos de madera. Estupenda manera de contener un incendio.

Autores:
Pablo García Blanco
Pedro Rodríguez Pérez
Alfonso Zaldívar de la Rica

Director del trabajo:
Alvaro Matud Juristo

1. INTRODUCCIÓN

La inmigración es, quizás, una de las cuestiones que más afectan a las sociedades económicamente más desarrolladas de nuestros días. Los países que antes fomentaban la emigración de sus ciudadanos se ven, hoy, convertidos en las naciones que acogen a la gente que se marcha de su tierra. Este cambio supone, para unos, un problema y, para otros, una ventaja.

España, geográficamente, es una encrucijada de flujos migratorios entre América, África y Europa. Hasta hace pocos años, a España emigraba muy poca gente. Hoy, es un país de recepción, por su pujante mercado laboral y sus atractivas posibilidades.

¿Qué percepción social existe en España del fenómeno de la inmigración? Según una encuesta reciente del Instituto Gallup, al 60% de los españoles le parece que hay demasiados inmigrantes. Y éste porcentaje aumenta hasta rozar el 70% según bajamos en niveles de estudio o de renta.

La realidad del fenómeno es más compleja. Como explica Cruz Morcillo, “las repercusiones geodemográficas ponen de manifiesto que la inmigración es a la vez factor de equilibrio, desde el punto de vista económico y laboral, y de desequilibrio, desde la perspectiva demográfica-territorial” (ABC, 10-III-2004, pág. 22). En efecto, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los nuevos inmigrantes son una garantía para las pensiones.
En el año 2003, se afiliaron a la Seguridad Social 923.218 extranjeros. Por otro lado, las zonas menos envejecidas de España, según el ABC, son las que acogen a la mayoría de los inmigrantes.
Una campaña electoral es una ocasión privilegiada para analizar el papel que el fenómeno migratorio juega en la vida política. Por eso, el objeto de estudio de ésta comunicación es las propuestas sobre la inmigración de los partidos políticos más relevantes de ámbito nacional.
Esperamos, más adelante, completar este estudio con un análisis de la prensa nacional durante la campaña electoral.

2. DATOS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
El Ministerio del Interior y, en concreto, la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, cifran en más de un millón los extranjeros que residen en España. El Instituto Nacional de Empresa (INE) añade a estos datos otro millón de inmigrantes cuya situación no es legal.

El 6,3% de la población de España equivale a extranjeros. En Francia, éstos representan el 7% de la población y, en Alemania, el 8%.
Hay 2.672.596 extranjeros inscritos en el padrón municipal, según el INE. Según la directora del INE, Alcaide, no existe riesgo de que las cifras estén infladas por duplicidad (el hecho de inscribirse en varios sitios) ya que han tenido en cuenta este factor.
He aquí la “Radiografía de la inmigración en España” que publica el 10 de marzo de 204 el ABC que, creemos, informa de los datos más interesantes sobre el fenómeno:

Y, aquí, otro cuadro, que publica el 10 de marzo de 2004 La Razón facilitando datos sobre la inmigración en España:

3. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES
3.1 El Programa Electoral del Partido Popular
En el programa electoral del Partido Popular (de 426 paginas) hay un capitulo de siete páginas hablando sobre “La inmigración ordenada en una sociedad abierta”. Está divido en balance introductoria, principios y objetivos y unas propuestas. En estas propuestas hay varios puntos, que son: la inmigración ilegal, la legal, la existencia de una integración real y efectiva de los extranjeros, la cooperación al desarrollo, un impulso de la política europea común y una protección a los perseguidos.
En uno de estos subcapítulos dice que “La entrada de inmigrantes se ha acelerado en los últimos años como consecuencia de nuestro desarrollo económico y de las oportunidades de empleo de nuestra sociedad. España se sitúa entre los países más prósperos y desarrollados del mundo, pasando de ser un país de emigración a ser un país de acogida”. Aunque dice que “Nuestra capacidad de acogida, que es limitada, responderá a la capacidad que tengamos de ofrecer trabajo a los inmigrantes de manera que puedan desarrollarse personal y profesionalmente e integrarse en nuestra sociedad. Tendremos en cuenta la evolución del empleo la situación económica de nuestro país en cada momento”.
El PP afirma que su política de inmigración debe ser para acoger inmigrantes que vengan a trabajar a España, y afirma que intentará dar la mayor capacidad de empleos a estos inmigrantes legales. Con respecto a inmigración ilegal que seguiremos avanzando en el refuerzo de los controles fronterizos, mediante la dotación de los recursos humanos y técnicos necesarios para ello, culminando la implantación de los Sistemas de Vigilancia Marítima y otros mecanismos de control fronterizo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Con respecto a la política europea común, dice que se apoyaran en otros países con problemas de inmigración para ayudarse mutuamente con las diversas decisiones a tener en cuenta a la hora de afrontar situaciones difíciles.
“En las políticas de ordenación de la inmigración seguiremos teniendo en cuenta los vínculos culturales y sociales que compartimos dentro de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones”.
Dentro del capitulo “Más seguridad para todos” promete “prestaremos atención prioritaria a la lucha contra el tráfico de los seres humanos, potenciando los medios del trabajo policial para: la persecución de quienes favorecen la inmigración ilegal, o comenten delitos contra los derechos de los trabajadores, o de falsificación de documentos o fraude en los procesos de documentación”.
En el último capitulo que resume todas las propuestas, concreta que “Propondremos una política que facilite la integración de los inmigrantes que residen y trabajan legalmente en nuestro país, personas con los mismos derechos y deberes. Nuestra capacidad de acogida es limitada y debemos adecuar los flujos migratorios a esa realidad. Combatiremos con mayor eficacia la inmigración ilegal y las mafias que
trafican con personas”.

3.2 El Programa Electoral del Partido Socialista Obrero Español

El programa electoral del PSOE consta de 209 páginas. No incluye un único capitulo de inmigración, sino que en cada punto del programa hace algún apunte de este tema. Hace un análisis más detallado de la inmigración en el capitulo de “Hacia una política más efectiva”, en el que trata el tema:
Los socialistas reconocen la oportunidad que para España significan las migraciones. Son partidarios de abordar la inmigración desde la normalidad política de un fenómeno intrínseco al tiempo que nos ha tocado vivir. Las propuestas del PSOE son: formular un Pacto de Estado sobre Inmigración; crear la Agencia Española de Migraciones, con el fin de racionalizar, integrar y centralizar la política migratoria; crear oficinas de contratación en los países de origen de los inmigrantes, para ordenar y controlar el flujo de migratorio; simplificar los procesos de canalización, a través del uso de nuevas tecnologías, mejorando la gestión a través del establecimiento de un expediente único, en el que se resuelvan las autorizaciones de trabajo y de residencia.
Algunas de las propuestas más relevantes son la especialización de fiscales en la persecución de los delitos de explotación laboral, tráfico de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores, y crear la figura del “trabajador invitado”, con el fin de que pueda residir en nuestro país por periodos limitados de tiempo.
Otra que llama la atención es que en las Comunidades Autónomas a cuyas costas alegan inmigrantes irregulares se crearán servicios para el salvamento, la atención y el alojamiento temporal de los mismos, antes de proceder, en su caso, a la devolución a los países de origen. Estos servicios se financiarán por el Estado y las Comunidades Autónomas reforzarán a los ya existentes en materia de seguridad y control de fronteras.

3.3 El Programa de Izquierda Unida

El lema de Izquierda Unida respecto a la inmigración es “Por una política orientada a la igualdad de derechos. Contra la segregación de las y los inmigrantes”.
Al igual que el PSOE, el programa electoral de IU resalta el retroceso de la política de inmigración durante el gobierno de los populares. Incluso lo trata de involución, que va desde la negación de derechos fundamentales de las personas hasta el fracaso del sistema de Cupos o Contingentes, que hace prácticamente imposible la entrada en condiciones de legalidad. Dice que gobierno del PP ha desarrollado una corrosiva campaña de intoxicación que relaciona inmigración con inseguridad ciudadana, con delincuencia e incluso con terrorismo.
IU promoverá un conjunto de medidas orientadas hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos sociales, civiles y políticos entre los españoles y las personas extranjeras residentes en nuestro país, separando nacionalidad y ciudadanía, y suprimiendo todo tipo de discriminaciones por razón de nacionalidad, de etnia, de religión, etc.
Respecto a las propuestas las más destacadas son: Un sistema de entradas y de acceso al mercado laboral ágil y con un permiso único de residencia y trabajo. A los trabajadores extranjeros se les garantizarán los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales en cuanto a condiciones de contratación, salarios, y derechos sociales sin excepción, elaborar un Plan de primera acogida de la población inmigrante, plenas garantías jurídicas ante todos los actos de la administración, regularización de los inmigrantes que acrediten arraigo en España y protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, en consonancia con los Tratados internacionales y con la Ley del Menor, documentando y prestando la asistencia necesaria para su inserción social a los que alcancen la mayoría de edad.
También pretender crear un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo, así como la ratificación y traslación legal inmediata de la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores inmigrantes y sus Familias.

4. Conclusiones
IU y PSOE critican al PP de la mala gestión con respecto a la inmigración, y proponen reformas políticas para favorecer a la población emigrante de otros países, con respecto a la cultura educación y vivienda.
El PP hace un balance favorable de los ocho años que llevan en el gobierno, pero asumen que no se puede estar en todo y resume en unas características para intentar resolver los problemas futuros y seguir avanzando y desarrollando las propuestas más favorables para los inmigrantes y para los españoles.
PP y PSOE relacionan la inseguridad en las calles con la inmigración ilegal, mientras que IU no cree que ese sea un problema demasiado importante.
Los tres piensan que para favorecer la inmigración legal deben existir propuestas de ayudas para la vivienda, la educación, integración laboral, rechazo al racismo, protección social... Pero sobre todo, los tres partidos se encargarían de dar refugio y asilo a los inmigrantes procedentes de otros países, manteniendo sus derechos, llevando a cabo los trámites de repatriación o legalización (según los casos) lo más rápidamente posible.

El laicismo es inconstitucional.

Todavía estaban reclamando los laicistas una ley del velo para España, que prohibiera cualquier signo religioso (“idiotizante”, según el tolerante Albiac) en la escuela pública, cuando salían a la calle miles de muchachas jóvenes diciendo que, además de ser francesas quieren llevar el velo típico de su religión. No acaban de ganar para sustos los que quieren liberar a los demás de sus fanáticas creencias, con tanto fervor, que se olvidan de preguntar a los interesados.
Al margen del debate de fondo que late en ésta polémica, -sobre la posibilidad de convivencia en el espacio público de los creyentes de las distintas religiones, con los que no profesan religión alguna- lo que sí está claro es que en España no cabe una solución a la francesa.
Y no es porque el gobierno del Partido Popular se haya impuesto la misión de defender a ultranza la religión, con el oscuro deseo de volver al nacionalcatolicismo, sino porque la sociedad española, representada por una gran variedad de partidos políticos, así lo decidió mediante una Constitución aprobada por una gran mayoría, en 1978.
Es frecuente escuchar, con ocasión de asuntos discutidos como la asignatura de religión, que “estamos en un Estado laico”. Pues la verdad es que no. España, junto al modelo de la monarquía parlamentaria, eligió definirse como un Estado aconfesional, que no es lo mismo. Aconfesional significa que en nuestro país no hay religión oficial, a diferencia, no de modelos dictatoriales sino de –sorpresa, sorpresa…- países tan avanzados democráticamente como Gran Bretaña o Noruega. ¿Podríamos decir, entonces, que en España el Estado permanece “neutral” frente a las convicciones religiosas de sus ciudadanos? No exactamente, más bien sería “no beligerante”, en el sentido de que no toma partido por ninguna en concreto, pero sí debe tener en cuenta esa realidad. Así se lee claramente en el artículo 16 de la Constitución que, en su párrafo 3, establece la obligación del Estado de promover la cooperación con las distintas confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia Católica, por ser la mayoritaria en España.
Así que, recomiendo a todos los que reclaman la desaparición de lo religioso en cualquier ámbito público, que se lean la Constitución Española. Y, que si quieren cambiarla, que se pongan a la cola, porque los muchachos de Ibarretxe y Carod-Rovira han llegado primero.

Alvaro Matud

Todos estábamos equivocados

David Kay, inspector norteamericano encargado de buscar las armas de destrucción masiva tras la caída del régimen de Sadam, ha dejado su cargo reconociendo que no han encontrado nada. Es más, afirma que seguramente nunca existieron esas armas y declara: “todos estábamos equivocados”. ¿¿TODOS??

Millones de ciudadanos de a pie salieron a la calle, en la primera manifestación globalizada de la Historia, para decir “no a la guerra”. Juan Pablo II se agotó en un denodado intento de frenar una inercia enloquecida. El inspector Blix pidió más tiempo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Mohamed El Baradei, director del Organismo Internacional para la Energía Atómica resumió con claridad: "no tenemos pruebas de que Irak tenga armas nucleares".

¿Se equivoco, entonces, el gobierno norteamericano? Parece más bien que, tras el 11-S, se había decidido ya que Sadam “debía” tener esas armas. Los neoconservadores del Departamento de Defensa, encabezados por Rumsfeld y Wolfowitz, no dudaron en adaptar la realidad a unas conclusiones formuladas previamente. Con ese objetivo crearon, todavía en 2001, una unidad especial del Pentágono dirigida por David Wurmser, como explica detalladamente Carlos Fresneda en El Mundo.

Pero ninguna manipulación, por bien organizada que esté, resiste el paso del tiempo. Casi nadie discute ya, por ejemplo, la inocencia de España en el hundimiento del Maine, mero pretexto de Estados Unidos para iniciar la guerra de 1898. Ahora, disipada la propaganda bélica y derribado el régimen de Sadam, se va abriendo paso la verdad: ni hay armas de destrucción masiva, ni existió vínculo alguno entre el régimen laico de Sadam y el terror fundamentalista de Al Qaeda.

Ante estos hechos ¿qué dicen los que promovieron la guerra preventiva contra Irak? Algunos culpan a los informes de los servicios secretos. Sin embargo, se deben recordar las airadas quejas de la propia CIA. Los chicos de Rumsfeld ejercieron una fuerte presión sobre sus analistas. Era decisivo que cargaran la mano en los datos que Powell había de exponer ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Otros repiten que la guerra ha sido el alto precio de un farol de Sadam. Habría hecho creer a la comunidad internacional que efectivamente tenía esas armas. Pero ¿era creíble su envite? En realidad resultaba inverosímil que Irak hubiese acumulado un arsenal de armas de destrucción masiva tras la severa derrota de 1991. Se encontraba bajo riguroso embargo internacional y con los aviones norteamericanos sobre su espacio aéreo. No justifico a un tirano si llamo, además, la atención sobre el hecho de que los inspectores permanecieron en Irak nada menos que ocho años, de 1991 a 1998. Regresaron en 2002, tras la célebre resolución 1441. En su último informe ante el Consejo de Seguridad, entre ambigüedades diplomáticas, quedó claro que no habían encontrado armas de destrucción masiva.

Ante la contundencia de los hechos resta todavía una última postura: el cinismo. Y hace falta una buena dosis para afirmar que lo importante no era la existencia de esas armas sino la caída del viejo dictador. Tanta desfachatez merecería que se cumpliera el vaticinio del embajador español en la ONU, Inocencio Arias: “si estábamos buscando las armas de destrucción masiva, que fue la razón principal por la que España actuó, y esas armas no aparecen, todo se pondría en tela de juicio”.

Alvaro Matud Juristo